GECEN denuncia muertes de buitres por los aerogeneradores eólicos en Castellón

EFE - martes, 29 de abril, 13.50
Castellón, 29 abr (EFE).- El Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales (GECEN) ha denunciado la muerte "masiva" de buitres leonados en los parques eólicos del norte de la provincia de Castellón, que se produce, según aseguran en un comunicado, ante la "indiferencia más absoluta de la Conselleria".
GECEN ha respaldado estas afirmaciones con fotografías de ejemplares muertos entre los campos de molinos energéticos en la provincia de Castellón, que muestran una "realidad espeluznante e inadmisible".
Estas muertes, han afirmado los ecologistas, podrían hacer que la extinción del buitre leonado "sea un hecho en los próximos años", ya que "la masacre, a falta de actualización de datos por parte de la Conselleria, rondaría ya los 220 ejemplares", en los últimos meses.
Ante esta situación, "las medidas de la Conselleria para evitar estos casos pasan por la instalación de 357 aerogeneradores más donde mueren los buitres", han asegurado las mismas fuentes.
Para GECEN, la Conselleria es conocedora de los hechos, lo que han calificado de "prevaricación", ya que saben que "mueren buitres y que van a continuar muriendo, que se produce un delito" y pese a esto "han aprobado 357 aerogeneradores más".
Esto constituye "una acción claramente delictiva de prevaricación", ya que además "no asumen ninguna responsabilidad", han apuntado los ecologistas.
La asociación ha recordado que la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación penal tras su denuncia y han exigido que se cumpla la ley.

El Estado reclama 938 millones a los responsables de los daños del 'Prestige'

Los daños causados por la catástrofe del Prestige le costaron al Estado 938.233.071 euros. Este es el último cálculo que ha presentado el abogado del Estado ante el juzgado de Corcubión y lo que se reclama a sus responsables, según publica el diario El País .
La nueva tasación incluye ahora, además de los 706 millones de euros en "daños y perjuicios" que se fijaron en 2005, pagos a las Comunidades Autónomas que hicieron frente a los vertidos (163.746.801 euros), e indemnizaciones y financiación del tratamiento de residuos líquidos recogidos en el mar (68.059.531 euros).
Sin embargo, esta tasación no contabiliza las indemnizaciones a los particulares que decidieron no subrogarse al decreto de ayudas de la Administración, ni las que reclama el Gobierno francés, según indica el mismo diario, que subraya que hasta la fecha no se ha realizado aún una estimación definitiva.
Este sería, basándose en sus datos, el desglose de los daños:
Primera estimación de daños realizada por el Gobierno en 2005: 706 millones.
Gastos de CC. AA. y ayuntamientos: 163 millones.
Indemnizaciones posteriores a 2003: 67 millones.
Reclamación del Estado francés: 97 millones.
Indemnizaciones a particulares que no se acogieron a las ayudas del Gobierno: 100 millones.
Gastos de la operación de sellado del buque: 109 millones.

Ecologistas acusan a cargos de la Comunidad y Ayuntamiento de Alcalá de prevaricar en el proyecto de un complejo de golf

MADRID, 8 (EUORPA PRESS) - Ecologistas en Acción acusó hoy al alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González, y a los directores generales de Agricultura y Medio Natural de la Comunidad de Madrid, Luis Sánchez y Miguel Allúe, respectivamente, de un presunto delito de prevaricación "por emitir informes favorables al complejo de golf 'Alcalá Natura', a pesar de formar parte del Consejo de Administración del mismo".

La organización ecologista, que no descarta denunciarlos por la vía penal, aseguró además que el ex director general de Urbanismo, Enrique Porto, a través de la empresa PROINTEC, que colabora con la empresa que dirige el macrocomplejo, "también emitió informes favorables".

Asimismo, señaló que Alcalá Natura se constituyó con el objetivo de transformar la finca pública de investigación agroambiental de El Encín "en un macrocomplejo de golf para ser gestionado por una empresa privada, Desprosa, para lo que se despliega un conjunto de actuaciones en las que están involucradas personas claves para que el proyecto salga adelante".

En este sentido, el colectivo ecologista también cito al consejero de Economía y Turismo, Fernando Merry del Val, por ser "el socio único de la empresa Alcalá Natura 21" y, como tal, designa al Consejo de Administración, que está formado por Miguel Allúe, Bartolomé González y Luis Sánchez.

"Esta circunstancia les obliga, según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, a abstenerse de intervenir en todo lo relativo al procedimiento promovido por Alcalá Natura 21. Sin embargo, no ha sido así. Muy al contrario, han sido juez y parte, han jugado un papel esencial para sacar adelante el complejo deportivo y la modificación del Plan General de Alcalá de Henares, por la que se ha autorizado el golf, uso que estaba prohibido expresamente", agregaron los ecologistas.

Según explicaron, todos los cargos citados han participado "activamente" en este proyecto "emitiendo informes favorables", a pesar de la existencia de "informes técnicos y jurídicos contrarios a la Modificación Puntual del Plan General de Alcalá de Henares y a la autorización del golf en la finca El Encín".

Denunciados seis cazadores por cortar la cabeza de una cabra salvaje y llevársela como "trofeo" en Tarragona

BARCELONA, 07 (EUROPA PRESS) - El cuerpo de Agentes Rurales de la Conselleria de Medio Ambiente y Vivienda ha denunciado a seis cazadores furtivos que presuntamente mataron a una cabra y le cortaron la cabeza para llevársela como "trofeo" en el Parc Natural dels Ports (Tarragona), informó hoy la Generalitat en un comunicado.
Los agentes acusan a los seis cazadores de matar en una zona alejada y poco transitada del parque con dos tiros a la cabra --un ejemplar macho--; hacerle fotografías; cortarle la cabeza y esconder posteriormente el cuerpo entre la vegetación. Los policías dieron con uno de los furtivos cuando abandonaban la zona, después de haber escondido los dos rifles que llevaban. Los otros cinco implicados huyeron, aunque más tarde fueron identificados.
Durante la actuación, que tuvo lugar el 8 de marzo, los agentes comisaron dos rifles, dos silenciadores, 20 cartuchos del calibre 243, prismáticos, un telémetro, tres mochilas y otros objetos relacionados con la caza furtiva a los seis implicados, que habían accedido a la zona en un coche de alquiler.
Los agentes presentaron el atestado de los hechos al Juzgado de Instrucción de Tortosa (Tarragona), que abrió diligencias previas por un presunto delito contra la fauna. Todos los denunciados han sido llamados a declarar.

Según Ecologistas en Acción, los exámenes para el cazador en España son ‘un trámite fraudulento’

Ecologistas en Acción considera que las Comunidades Autónomas han querido hacer tan fácil y asequible el Examen del Cazador, que este se ha convertido “en un mero trámite fraudulento”. “La falta de formación de los cazadores, además de generar importantes impactos ambientales y sociales, favorece resultados dramáticos, ya que 2007 acabó con 20 personas muertas por disparos, 13 sufrieron accidentes durante la jornada de caza con resultado de invalidez grave, y 846 sufrieron lesiones de menor gravedad”, informan los ecologistas. Las pruebas de acreditación de aptitud y conocimientos –o examen del cazador- son un mero trámite en aquellas Comunidades Autónomas donde se han regulado, ya que carecen de pruebas prácticas, o solo se obliga a realizarlo a los cazadores noveles y no a todos los cazadores, independientemente del tiempo que lleven ejercitando. El informe de Ecologistas en acción destaca que dos Comunidades Autónomas, Cantabria y Baleares todavía no cuenten con estos exámenes. Por ello, a diferencia de otros países cercanos como Francia o Alemania, estos exámenes no han servido para mejorar la formación y los conocimientos de los cazadores españoles. “El resultado es una situación de inseguridad para todos los usuarios del monte así como de las especies de fauna silvestre más amenazadas”, dicen los ambientalistas. “La violencia vinculada a la práctica cinegética no se ciñe de manera exclusiva a los millones de animales abatidos cada temporada en España, o a los perros desahuciados utilizados en las monterías -afirma Ecologistas en Acción-; sino al uso inadecuado e irresponsable de armas de fuego, que en el medio natural provoca la muerte o lesión de cientos de personas cada año, incluidas personas que forman parte del cada vez más numeroso grupo de ciudadanos que salen al campo sin más instrumentos que una cámara fotográfica, unos prismáticos o una cesta de mimbre para depositar setas silvestres de temporada. Las razones Ecologistas en Acción considera que son varias las razones que explican el elevado coste en vidas humanas de una actividad tan controvertida como es la caza. La principal, es la alta de formación específica de los cazadores. Hay Comunidades Autónomas, como Cantabria y Baleares, que después de casi 20 años desde la aprobación de la Ley 4/89, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, que obligaba a las CC.AA. a reglamentar un proceso de acreditación de aptitud y conocimientos expresamente destinados a los cazadores, aún no han reglamentado. Recientemente, la Comunidad Autónoma de Galicia ha aprobado una Orden que será aplicable este año, por el que sólo se obliga a los noveles y a los cazadores que no hayan renovado su licencia en los últimos dos años, a estar presentes en un curso que les garantice un certificado de aprovechamiento. Algo que según la organización ecologista “es una pantomima, un engaño, y sobre todo, tratándose de personas con armas de fuego en el medio natural, una gravísima irresponsabilidad por parte de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia”. Ante las críticas de un sector que se considera acorralado, el Subdirector de Caza y Pesca de la citada Consejería, le resta credibilidad, seriedad e importancia al examen que deben de sortear los noveles: “No serán preguntas complicadas, se aprobará acertando la mitad de las preguntas y los errores no restan”. “Ninguna de las CC.AA. que se han dignado a regular un proceso de acreditación de aptitud y conocimientos exigen pruebas prácticas a los aspirantes”, denuncian los ecologistas, recordando que “esto no ocurre en los países de nuestro entorno”. Los mismos cazadores españoles reconocen que las pruebas a las que son sometidas las personas que desean salir al campo con una escopeta o rifle en otros Estados, como Francia o Alemania, son mucho más duras y completas. En este último país, el curso dura tres años y consta de una prueba práctica de manejo de armas. Su nivel de exigencia es tal, que se conoce popularmente entre los paisanos como el bachiller verde. Ecologistas en Acción insta a las CCAA que no disponen de normativa de regulación de la prueba de acreditación de aptitud y de conocimientos, a “una urgente aprobación de la misma donde se de cabida a pruebas prácticas, a un aumento de la materia docente, así como a pruebas eliminatorias”. Y por supuesto, es fundamental que se establezca la obligación de realizar el curso y la prueba de acreditación a todos los cazadores, tanto los veteranos como los más jóvenes. Con respecto a las CCAA que disponen de regulación en la materia, Ecologistas en Acción considera que deben modificar y mejorar con prontitud sus reglamentos, “haciéndolos más exigentes y selectivos”.

Alertan del continuo expolio de restos del yacimiento arqueológico de Ategua

«Aquí está robando todo Dios». Con esta expresión define el responsable de prensa de la Asociación Cultural Amigos de Ategua , Pedro Reinosa, la situación del yacimiento romano del mismo nombre. Desde la citada asociación se pide a la Junta que dé a Ategua el mismo tratamiento que a Medina Azahara, donde cesaron los expolios en los años 80 tras asumir las competencias.
Afirman que sólo se ha catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) «una ínfima parte del yacimiento», por lo que los expolios «se están cebando» en las inmediaciones, «donde pegas una patada a la tierra y aparece una moneda romana o una ánfora», según Reinosa.
Además, la valla que delimita la zona protegida ha sido destrozada en ocasiones y se han producido varios atentados contra el patrimonio.
El último denunciado ante Cultura fue el 6 de noviembre de 2006, «aunque la serie de despropósitos arrancan desde 1999», según la denuncia a la que ha tenido acceso 20 minutos.
Los vecinos de Santa Cruz, barriada en la que se integra Ategua, afirman que nadie lo vigila, tal y como sostiene Antonio Couñago, uno de los vecinos.
La delegada de Cultura , Mercedes Mudarra, es contundente:«es cierto que hay desaprensivos que atacan a nuestro patrimonio, pero el recinto está vigilado por el Seprona y cada vez que nos notifican un expolio se actúa con todos los medios para que no queden impunes».
Mudarra no descarta ampliar la zona protegida de Ategua. «Todos los BIC están abiertos a ampliaciones, que han de estar avaladas y justificadas por expertos», sentencia.
Cuantiosa inversión
La Junta recuerda que este año se han invertido 600.000 euros para conservar los restos de las murallas y del castillo. Afirma que es la única administración que invierte en este enclave.

El TSJCyL anula el decreto de Junta para permitir la construcción de una estación de esquí en San Glorio

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado el decreto que la Junta aprobó en 2006 para permitir la construcción de una estación de esquí en San Glorio, dentro del espacio natural de Fuentes Carrionas Fuente Cobre-Montaña Palentina. La citada orden, modificó una de 1998, por la que se dio luz verde al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del espacio natural. La sentencia, conocida por Ical, da la razón a la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria, quien presentó el recurso contra el decreto.

Las obras de la estación de esquí de San Glorio se paralizan. La estación,proyectada en parte sobre un parque natural entre Palencia, León y Cantabria, no podrá ser construida. Al menos, no tal y como iban a hacerlo. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León veta el Plan de la Junta tras llegar a cambiar la ley y retocar el PORN del Parque Natural, pemitiría la construcción de la estación y el esquí en un espacio protegido. La sentencia da la razón a la infinidad de estudios que demostraban la inviabilidad de la estación, lo que supone una sentencia pionera a la hora de reconocer el cambio climático, dando la razón a organizaciones que han luchado por la protección de la zona como la Plataforma en Defensa de San Glorio.

La sentencia, de la que ha sido ponente Ana Martínez Olalla, destaca que la Junta permitió el esquí "sin un informe técnico o científico" que justifique el cambio y recuerda que en los parques naturales el desarrollo económico "es un objetivo básico, pero no prioritario".
La sala da por acreditado que una estación de esquí es "incompatible" con "la supervivencia de algunas de las especies y vegetación allí existente", y que por eso la Junta la prohibió en 1998. Un año después, la Junta de Castilla y León declaró el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina. El Plan de Ordenación del espacio prohibía cualquier estación de esquí alpino. La zona alberga una de las dos únicas poblaciones de oso pardo que quedan en España, entre otras especies protegidas. Pero en 2004, la empresa Tres Provincias apareció con un plan para construir una estación de esquí que tendría una parte sobre el espacio protegido. Al calor de la estación surgieron un buen puñado planes urbanísticos.

En 2006, la Junta de Castilla y León modificó el plan de ordenación del parque natural para permitir la estación de esquí y estimular el "desarrollo socioeconómico". El Ejecutivo autonómico apostó fuerte por esta estación y prepara una ley para ampararlo. Los ecologistas recurrieron al considerar que era "un escándalo que la Junta se dedicase a degradar un espacio natural y defendiera los intereses de una empresa", como explica Gonzalo Canales, de Arca. Aportaron informes científicos de la Universidad de León, Salamanca y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que critican el proyecto y en particular el impacto que tendría sobre los osos pardos.

Ahora, el tribunal afirma que la Junta, al rebajar la protección del espacio natural sin justificarlo, vulneró "flagrantemente" el plan de ordenación y que infringió la Ley autonómica de Espacios Naturales, la Ley estatal de Conservación y la normativa europea sobre la Red Natura 2000.